Responsabilidad frente a homicidio involuntario

Responsabilidad frente al homicidio involuntario.

Llevo demasiado tiempo reflexionando y formulando algunas preguntas creo que esenciales:

¿Los representantes políticos y gobernantes son responsables civiles y penales de las decisiones, acuerdos y decretos que dictan?  ¿La negligencia de sus actos que originen fallecimientos debe considerarse homicidio involuntario? ¿Los ciudadanos podemos presentar demandas o querellas como consecuencia del dolo producido por sus actos?

De ningún modo es aceptable que eludan sus responsabilidades escudándose en su inmunidad por el cargo que ostentan.

Desde que se declaró la primera ola de pandemia por el Covid-19, todos los ciudadanos hemos soportado una serie de recomendaciones y órdenes para evitar «muertes». De acuerdo que los científicos y políticos a nivel Estado no disponen del suficiente conocimiento para curar los ataques del virus. Han transcurrido meses y la irresponsabilidad individual de muchos ciudadanos nos llevó indefectiblemente a una segunda ola.

Si en la primera los números eran los protagonistas, en esta segunda los porcentajes priman sobre otras cuestiones, olvidando con descaro que el incremento de muertes se ha disparado. Pero claro, los políticos se ocupan en señalar que los parámetros han disminuido porcentualmente. Tal vez sea porque hemos puesto a nuestras sensibilidades una coraza, dado que «mientras no mueran mis amigos y familia más cercanos»; «sus muertes no me duelen». Ahora la muerte cercana forma parte de lo cotidiano e incrementa el egoísmo individual. Ya no nos afecta escuchar que cada día en España mueren cientos de conciudadanos.

Personalmente he puesto todos los medios a mi alcance para evitar contagiarme. Sin embargo, personas de mis círculos más cercanos han sufrido contagios. He tenido la oportunidad de escuchar el miedo, la frustración, la impotencia que han soportado por la pasividad de algunos y la inoperancia de otros. Esos otros son nuestros políticos, nuestros gobernantes, sumidos en una lucha sin cuartel para mostrar la cresta más elegante de su poder, en una España como un reino de Taifas, exenta de unanimidad y repleta de individualismo partidista frente a la pandemia que afecta al Estado.

Sin entrar en disquisiciones o vivencias que tachen esta reflexión como egocéntrica, debo acercarme al objetivo planteado en el primer párrafo.

¿Qué tipo de responsabilidad asume un político con sus decisiones? Dictan el confinamiento perimetral de poblaciones, con obligación de no salir de ellas, salvo excepciones. Algunos lo aceptamos de buena gana, otros a regañadientes. Nos cubrimos con mascarillas. Lavamos o desinfectamos constantemente ropa, calzado etc. Y pese a ello, llegan unas fechas de reuniones familiares. Navidad, Nochevieja, Reyes, y héteme aquí que nuestros políticos retuercen las normas para dictar otras que seguro contribuirán al nacimiento de una tercera ola pandémica, olvidando que continúan muriendo conciudadanos.

¿Si como consecuencia de la dejación de sus obligaciones como gobernantes y administradores de los ciudadanos, uno de ellos se contagia y lamentablemente fallece, sus parientes o familiares pueden acusar al político de turno responsabilidad penal ante los Tribunales?

No espero que político alguno responda, la mayoría son incapaces de asumirla. Tal vez relacionar los ejemplos habidos sería tan largo o más que sus mentiras y aburrida por cansina su lectura.

No soy penalista, ni lo intento. No obstante, convendría recordar la tipificación de delito contemplado en el art. 138 del Código Penal vigente en España. Homicidio involuntario: Cuando la muerte se produce como consecuencia de una imprudencia a causa de un fallo o negligencia…y lleva consigo la pena de hasta 4 años, aumentada hasta 15 si ha sido intencional o doloso.

Existen infinidad de estudios, ensayos y jurisprudencia sobre lo mencionado, aunque tal vez, como la mayoría de las ocasiones presentar una querella o demanda ante los Tribunales pueda traducirse en «predicar en el desierto» para conseguir una sentencia favorable o no, a la vista de la tardanza en los procesos hasta dictarlas. A veces incluso se sobreseen o anulan por prescripción del delito dado el tiempo transcurrido.

Conviene recordar igualmente que pese al contenido de los art. 14 y 24 de la Constitución de 1978, el derecho a la Justicia no es igual para todos, razón por la que campan a sus anchas nuestros políticos.

Insisto, los gobernantes y políticos deben ser responsables de sus actos, no escudarse en inmunidad y medir las decisiones tomadas que implique la muerte o daños a los ciudadanos.

© Anxo do Rego. 2020. Todos los derechos reservados.

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